La Política On Line | 09/08/2018 | Legislatura
Los legisladores de Vamos Juntos Agustín Forchieri, Victoria Roldán Méndez, Maximiliano Ferraro y Diego García de García Vilas.
Una ONG cuestionó que no se haya realizado la audiencia pública antes de discutir el proyecto. El gobierno cree que el amparo se caerá.
Una presentación judicial podría retrasar el tratamiento de los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación que el oficialismo apuntaba a votar en septiembre próximo. La magistrada en lo Contencioso Administrativo Andrea Danas admitió una cautelar y dictó una precautelar que suspende la discusión hasta comprobar que se cumplió con el procedimiento de audiencias públicas que marca la ley.
La precautelar fue pedida por la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad que preside Jonatan Baldiviezo. Según explicó el abogado a LPO, antes de discutir el nuevo código en la Comisión de Planeamiento Urbano, la Legislatura debió llamar a una Audiencia Pública.
"Cuestionamos que la Constitución establece la convocatoria a una audiencia antes de la discusión y esa convocatoria no se realizó", explicó Baldiviezo. Después de la primera lectura de la ley, el parlamento capitalino deberá convocar a una segunda instancia.
Desde el oficialismo consideran que cumplieron con todos los requisitos y creen que la jueza debería rechazar el pedido de Baldiviezo. "Si para cada proyecto que pasa por la Legislatura hubiera una audiencia no podría haber salido ninguna ley. Además hubo audiencias públicas con participación de los vecinos en la jefatura de Gobierno en Uspallata", explicó un funcionario capitalino.
Danas dispuso "la suspensión del tratamiento legislativo de los proyectos" de códigos Urbanístico y de Edificación "hasta tanto la parte demandada informe en el plazo de cinco días, el estado parlamentario de los mismos, sus antecedentes y si efectivamente se ha convocado a audiencia pública previo a su tratamiento legislativo, y en consecuencia, el Tribunal se encuentre en condiciones de resolver la medida cautelar solicitada ", según puede leerse en la resolución.
Entre las formalidades que deben cumplirse antes de convocar a una audiencia pública se encuentran la notificación en el Boletín Oficial, avisos en los grandes medios de la Ciudad y poner "al alcance de los ciudadanos los proyectos y las estudios técnicos y antecedentes para fundamentar los proyectos", según detalló Baldiviezo.
"No puede ser que la calidad de vida de la población quede sujeta a los intereses inmobiliarios. El nuevo código descuida a los inquilinos, inundaciones y no da respuesta a falta de escuelas ni de servicios de salud. Además prevé un aumento significativo de la capacidad constructiva", agregó el abogado.
Desde la Ciudad rechazaron que haya un incremento de los metros a construir. "Es falso que el código que estamos discutiendo aumente la capacidad constructiva en la Ciudad. El código actual te permite construir mucho más de lo que hoy tenés. El nuevo código suma en algunos lados y en otros resta. Lo que se hace es un ordenamiento de lo que hay", señalaron desde el gobierno porteño a LPO.