Negocios |  29-01-2018 |  Por Andrés Sanguinetti

Actualmente la operación de la autopista está en poder de Corredores Viales, una sociedad estatal de la que participan el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Los pliegos se abrirán en marzo y será adjudicada en el segundo semestre del año

El Gobierno salió a buscar un nuevo concesionario para la autopista Ezeiza-Cañuelas, que el año pasado estuvo a cargo de una empresa de Cristóbal López y luego fue intervenida por las autoridades oficiales. La ruta estuvo en manos de Autopistas Al Sur (AECSA), que forma parte del paquete de activos heredados por el financista Ignacio Rosner y sus socios del fondo OP Investment tras haber desembarcado en el holding creado por el empresario kirchnerista, actualmente preso en la cárcel de Ezeiza.
La licitación se vincula con el anuncio oficial para el llamado a licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, con una inversión total prevista de casi u$s17.000 millones. Se trata de un ambicioso plan oficial que pretende modernizar varias autopistas y la construcción de nuevas rutas bajo el concepto de peaje. Un plan que abarcará más de 7000 kilómetros de rutas nacionales y cuyas licitaciones se dividen en tres etapas.
En el caso de la concesión de Ezeiza-Cañuelas, forma parte de la primera fase del proyecto y, según el Ministerio de Transporte, se conocerán las ofertas en marzo, por lo que se estima que los trabajos comiencen en la segunda mitad del año, una vez adjudicada a los nuevos concesionarios.
Tanto para esta autopista como para el resto de las que incluye este plan, se espera la participación de empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y del resto de América Latina. Muchas incluso ya participaron del procedimiento de consulta y de las audiencias públicas de las fases informativas del nuevo sistema.
En el caso de la ex autopista de Cristóbal López, en la actualidad está gerenciada por la empresa estatal "Corredores Viales S.A", que fue creada por Transporte para construir, mejorar, mantener, operar y administrar rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional. La sociedad estatal tomó el control de la autopista en diciembre del año pasado luego de que se decidió anular el contrato de concesión con la ex empresa de Cristóbal López, denunciada por una serie de incumplimientos contractuales y el no pago de deudas por $750 millones.

 La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Nación y se le cedió la operación a la nueva sociedad estatal cuyo paquete accionario está conformado por el propio organismo con el 51% del capital, y Vialidad Nacional con el 49%. En el decreto de intervención de la empresa concesionaria se había dejado establecido que la presencia de Corredores Viales S.A en el gerenciamiento de la ruta se extenderá hasta que se vuelva a relicitar por el sistema de Participación Público Privada (PPP) y mientras se elaboran los nuevos pliegos. Esto fue lo que precisamente anunció el Gobierno durante esta jornada.
De todos modos, la ruta se encuentra envuelta en causas judiciales cruzadas entre el Gobierno y los ahora administradores del rebautizado Grupo Ceibo. El holding presentó una serie de recursos administrativos para retomar el control de la concesión que fueron rechazados por parte de las autoridades del ministerio que comanda Guillermo Dietrich.
Tras esa negativa, desde el Grupo Ceibo anticiparon que iniciarán un juicio al Estado al considerar que la intervención de la empresa fue unilateral y que, por lo tanto, corresponde un reclamo indemnizatorio. Según la visión de los empresarios, el gobierno nacional los obliga a continuar con las obras y los suministros al Estado, a pesar de no hacer frente al pago de la deuda comercial que mantendría por la no cancelación de fondos generados a partir del cobro del peaje.
En el caso del Gobierno, se acusa a los ex gerenciadores de la autopista Ezeiza-Cañuelas de no haber hecho los aportes en recursos de asignación específica (RAE), instrumento que se nutre con pagos de los concesionarios a través de una porción de la recaudación de los peajes, y que se transfiere a Vialidad Nacional.
Es decir, de haber cometido una maniobra similar a la que la AFIP descubrió con la transferencia del impuesto a los combustibles y que dio origen a una denuncia por defraudación contra el Estado por una suma que hoy llega a los $10.000 millones.

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El Cronista|  Lunes 29 de Enero de 2018 | 

El Gobierno lanzó el llamado a licitación para realizar obras en 2500 km de rutas

La inversión total prevista para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras es de casi u$s 17.000 millones. Será realizada bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).

El Gobierno Nacional oficializó hoy el llamado a licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, con una inversión total prevista de casi u$s 17.000 millones.

La iniciativa será llevada adelante por el Ministerio de Transporte a través de Vialidad Nacional, bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP). Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, las obras de este primer PPP modernizarán más de 2500 kilómetros de rutas nacionales para mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos.

La nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras abarcarán más de 7000 kilómetros de rutas nacionales, a partir de una inversión superior a u$s 16.700 millones.

Las licitaciones se dividen en tres etapas y las evaluaciones de oferta de esta primera fase del proyecto se realizarán en marzo, por lo que se estima que los trabajos comiencen en la segunda mitad del año, comunicó Transporte.

El llamado a licitación de esta primera etapa contempla obras en los Corredores A, B, C, E, F y Sur que cambiarán la fisonomía vial de la región agropecuaria más importante del país.

Se intervendrán alrededor de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 810 kilómetros de autopistas, 1.494 kilómetros de ruta segura, 252 kilómetros de obras especiales y 17 kilómetros de variantes, y los pliegos están disponibles en la web de Vialidad Nacional.

Se intervendrán alrededor de 2500 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 810 kilómetros de autopistas, 1.494 kilómetros de ruta segura, 252 kilómetros de obras especiales y 17 kilómetros de variantes.

El plan para la construcción de la Red de Autopistas y Rutas Seguras prevé una inversión de u$s 6.000 millones en los primeros cuatro años del proyecto, y se espera la participación de empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y el resto de América Latina, que ya participaron del procedimiento transparente de consulta y de las audiencias públicas de las fases informativas del nuevo sistema.

Los proyectos involucran a tramos de las autopistas Rosario-Córdoba y Riccheri; a la Avenida Jorge Newbery, a la autovía Ezeiza-Cañuelas, a las rutas 3 y 205; a la autopista Parque y a los puentes Paraná-Santa Fe y Chaco-Corrientes.