Por José Antonio Artusi.
Urbanizar las villas y asentamientos es un requisito indispensable para la construcción de una democracia social plena. Los eufemísticamente denominados “barrios populares” son la cara más dolorosa de la NO ciudad, la manifestación habitacional de una sociedad cada vez más injusta , desigual y segregada. La pandemia los ha hecho un poco más visibles, porque su población es la más vulnerable, y su situación tras la pandemia será peor aún. Pero están desde hace décadas.
El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), el certificado de vivienda familiar y la ley Nº 27.453, aprobada prácticamente por unanimidad en 2018, que crea un régimen de regularización dominial para la integración socio urbana fueron enormes avances, pero son insuficientes.
Las villas y asentamientos son la expresión en las ciudades del círculo vicioso que Victor Pelli muestra tan bien en este gráfico y denomina reproducción del hábitat de la pobreza. Urge detener y revertir ese círculo, para pasar a poner en marcha uno virtuoso.
Según datos oficiales del Renabap, existen actualmente 4416 barrios populares en todo el país, cerca de 1 millón de familias, más de 4 millones de personas. La mayoría privadas de derechos básicos: a la vivienda adecuada, al agua potable, al saneamiento, viviendo en entornos muchas veces inseguros. Privados en definitiva del derecho a la ciudad. Urbanizar e integrar debe abarcar mucho más que regularizar el dominio del suelo y construir o mejorar viviendas. Debe implicar también provisión de infraestructura de servicios públicos, equipamiento comunitario, espacio público, movilidad. O sea, construir ciudad completa.
Pero además será necesario actuar de manera sinérgica y articulada en los demás elementos del círculo vicioso del hábitat de la pobreza: educación, ingresos, empleo, salud, cultura, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Las villas y asentamientos deben dejar de ser ghettos aislados y segregados, y sus habitantes deben ser ciudadanos en el sentido pleno del término, habitantes de “barrios” como cualquier otro, sin estigmatización de ninguna naturaleza.
Un objetivo tan ambicioso requiere amplios acuerdos políticos y estrategias de financiación e implementación muy sólidas implementadas con coherencia durante un período de tiempo que excede una gestión de gobierno.
La ley Nº 27.453 autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a crear un fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades necesarias para lograr el objeto de la ley. El 5/12/19 se creó, como un fideicomiso de administración y financiero, el “FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA” (Decreto Nº 819). Por el Decreto Nº 184 del 26/2/20 se dispuso que el FISU debería recibir el 30% del 30% (o sea el 9%) de la recaudación del impuesto PAIS, un impuesto de emergencia por 5 años. Queda claro que no existe todavía un esquema sostenible y permanente de financiación de la magnitud que se requiere para una empresa de esta escala.
Una alternativa podría ser evaluar mecanismos de financiación del desarrollo urbano a través del recupero y la reinversión de la valorización del suelo que el propio desarrollo urbano produce. Como Joan Clos nos dijera hace un par de años en el Foro Nacional Urbano que se hizo en Mendoza, el desarrollo genera más valor del que cuesta; el problema es quien se queda con esa valorización y para qué se usa. Instrumentos para captar y reinvertir esa valorización? Pueden ser varios y deberían implementarse de manera articulada: impuesto al valor del suelo, recupero de lotes regularizados, contribución por mejoras, reajuste de suelo, concesión onerosa del derecho de construir, etc.
Cuando hablamos de recuperación y reinversión de la valorización del suelo nos referimos específicamente al de los barrios populares pero también – y sobre todo – al suelo de las áreas circundantes, que van a verse favorecidos por la integración y la urbanización.
En momentos de crisis como éste es donde más difícil pero a la vez más imperioso se torna agudizar la imaginación para encontrar soluciones innovadoras y creativas a viejos problemas. La peor opción es resignarnos, ver a las villas como parte del paisaje, no indignarnos ante su proliferación y crecimiento, naturalizarlas.
Hacen falta voluntad política y acuerdos sociales, conocimiento aplicado al diseño de políticas públicas, y recursos de todo tipo. Quizás el primer paso sea comenzar a hablar y debatir de todo esto, sin buscar culpables sino soluciones.-
Fuente gráficos: Café de las Ciudades y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
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